Bolivia ha disfrutado varios años de bonanza fiscal gracias al sustantivo incremento de ingresos provenientes de las exportaciones de gas natural al Brasil y a la Argentina cuyo precio está indexado al precio de una canasta de derivados del petróleo. Las cuentas fiscales mostraron superávit a partir de 2006, aunque con tendencia a disminuir a medida que el Estado fue adquiriendo mayores compromisos de gasto. Para este año se ha presupuestado un déficit equivalente a 4.2% del PIB, pero todavía es posible que éste resultado no se llegue a concretar y terminemos el año con superávit. Esto es así porque las cifras del Presupuesto General de la Nación, si se las compara con los niveles de ingresos y gastos efectivamente realizados en la gestión 2010, presentan un crecimiento de los ingresos de 29.3% frente un incremento de gastos de 62.2%. Estos mayores gastos se explican fundamentalmente por el crecimiento de la partida de compra de bienes y servicios en 88% y la de inversiones en 79%. Tales incrementos de gastos, para concretarse, dependen, entre otros factores, de que se resuelvan algunos cuellos de botella que limitan la gestión de las entidades del Estado, tanto en su estructura central como también en la de las autonomías municipales y departamentales.

Pero aun si en términos agregados las finanzas públicas culminaran el año en equilibrio, e incluso con un superávit, la situación que merece particular atención es la del Tesoro General de la Nación (TGN). El TGN representa alrededor del 28% de todo el presupuesto nacional, pero genera el 45% del déficit programado para la presente gestión. Sus necesidades de financiamiento son aún mayores que su déficit porque debe pagar al exterior más dinero del que recibe (ver Tabla). Consecuentemente, el TGN depende íntegramente de fuentes internas de fondos, sean éstas créditos del Banco Central o la colocación de títulos valores en el mercado de capitales. Recurrir a cualquiera de estas fuentes en cantidades considerables tiene costos que deberían evitarse. El financiamiento por la vía del crédito del Ente Emisor produce presiones  inflacionarias que no son deseables ahora que la inflación, a doce meses, hasta abril de este año, llegó al 11%. Si, en cambio, se optara por la colocación de títulos de deuda en el mercado interno, se restarían recursos para el consumo y la inversión privadas y se elevarían las tasas de interés en momentos en los que más bien se busca movilizar el financiamiento para las inversiones privadas, con bajas tasas de interés.

En circunstancias como la presente, se suele comenzar tratando de aumentar los ingresos propios. Se intentó esto con el fallido incremento de precios de las gasolinas y el diesel, pero se tuvo que retroceder por las presiones sociales e inflacionarias que esta medida provocó de inmediato. Quedan las mediadas de corte tributario, que independientemente de la situación de las finanzas públicas, necesitan de algunos ajustes para mejorar su rendimiento y hacer más equitativa la distribución de las cargas fiscales entre los miembros de la sociedad. Recuérdese nada más que la presión tributaria de Bolivia es de aproximadamente 27% del PIB y que el nivel de esfuerzo fiscal es todavía bajo[1]. Pero aun llevando este esfuerzo a sus límites más altos y asumiendo que esto fuese posible en pocos años, la situación del TGN seguiría siendo precaria, no solamente porque sus actuales niveles de déficit son muy elevados sino porque, además, los componentes del gasto del TGN son poco flexibles a la baja y más bien tienen una inercia de crecimiento muy grande. Mencionemos, por ejemplo, que el TGN financia más de dos terceras partes de toda la planilla salarial del sector público o que tiene a su cargo una proporción importante de los bonos a las personas de la tercera edad, a los escolares hasta el octavo grado de primaria, y a las madres gestantes y sus niños hasta que cumplan dos años de edad. Todos estos gastos crecen con la población y no se reducen a menos que se dé marcha atrás con estos programas. La precariedad de las finanzas del TGN se origina en que no hay un adecuado equilibrio entre los ingresos que coparticipa con las autonomías departamentales y municipales y las responsabilidades que cada una de estas áreas del Estado asumen.

En el resto del sector público, con algunas excepciones, las rentas coparticipadas, en especial las que se originan en el sector hidrocarburos, son la fuente principal de sus ingresos, y se ve un esfuerzo muy débil para movilizar recursos propios provenientes de las áreas que están bajo su dominio. Existe por lo tanto una vulnerabilidad muy grande en las finanzas de las instancias descentralizadas y autónomas que hace precaria la sostenibilidad de su situación financiera.

Por todo esto, independientemente de las medidas que puedan adoptarse para mejorar las recaudaciones tributarias, hace falta plantearse la necesidad de encarar una reforma fiscal y la adopción de un sistema presupuestario plurianual que de más certidumbre a los programas estatales.