El Gobierno acaba de promulgar la nueva Constitución Política del Estado en un acto de masas en la ciudad de El Alto. El Presidente de la República, en discurso de circunstancias, ha dicho de mil formas que este nuevo texto lo ha escrito el pueblo. No ha mencionado a los extranjeros que fueron los verdaderos redactores de su contenido. También ha elogiado a los constituyentes del MAS, endilgándoles la autoría del texto constitucional. No ha dicho que el trabajo de la Asamblea Constitucional fue cambiando en varias oportunidades por dos súbditos españoles, tampoco ha mencionado que la redacción que supuestamente hubiera sido atribuible a la Asamblea, fue cambiada en una negociación política con un partido de la oposición. El Presidente ha criticado que en el pasado las constituciones bolivianas fueron redactadas entre cuatro paredes por unos cuantos políticos, como si la opinión pública no se acordara de que el texto que se acaba de promulgar lo redactaron, en un cuarto, algunos miembros del MAS y dos o tres personajes oscuros de la política boliviana. Por supuesto que la ocasión no daba para mencionar que con tanto manoseo, la nueva Constitución deberá ser revisada casi inmediatamente para corregir las contradicciones que tiene y que se van haciendo públicas progresivamente, en la medida en que los intereses afectados comienzan a ponerlas de manifiesto, como protegiéndose de su aplicación.

Hasta acá la anécdota. Ahora viene la realidad. La nueva CPE, que, según los gobernantes, funda un nuevo estado descolonizado y anti-liberal (no han llegado a decir que es socialista porque perdieron el rumbo en algún desvarío refundacional), deja sin efecto a todas las leyes que la contradicen. Como el régimen que ha imperado hasta ahora fue colonial y neo-liberal, no es muy difícil concluir que muy poco ha quedado en pie de los códigos y las leyes vigentes hasta hoy.

La nueva CPE señala también que el Congreso en funciones no tiene otra tarea que la de aprobar una ley electoral transitoria para los comicios generales que deberían tener lugar en diciembre de este año. En otras palabras, que este poder del Estado ha dejado de existir para cualquier otro propósito y hasta que se elija a la Asamblea Plurinacional, nombre con el que se designa al parlamento o congreso de cualquier otra democracia en el mundo.

Ante la posibilidad de que el país ingrese en un estado de absoluto vacío legal en el que nadie sepa a qué norma acogerse para hacer valer sus viejos y nuevos derechos, el gobierno ha dicho que emitirá decretos supremos que reglamenten la vigencia de la nueva CPE, concentrando así el poder en un solo órgano e ignorando que buena parte de la nueva CPE hace mención a leyes que la deben reglamentar. Pero, desde esferas no gubernamentales, se han dado a conocer otras interpretaciones que pretenden tranquilizar a la población. Han dicho que en un caso como el boliviano, se debe aplicar el principio de la ultra-actividad de la ley. Es decir, que una ley derogada sigue produciendo efectos y sobrevive para algunos casos concretos, en este, hasta que exista una ley que reemplace a la anterior. En sencillo, si, por ejemplo, el código de comercio debe modificarse para adecuarse a la nueva CPE, el código que la contradice se debe seguir aplicando hasta que se apruebe uno nuevo, que seguramente demorará un par de años. En resumen, y para sumar a los absurdos en los que el país se debate, mientras no se aprueben las normas reglamentarias de la nueva CPE, rigen las normas reglamentarias de la anterior. Una especie de bi-constitucionalismo que seguramente dejará pasmado a cualquier amante de la lógica y por cierto al país entero.

Hay dos argumentos muy manidos a favor del proyecto de constitución del MAS. El primero alega que en el trabajo de la “concertación” parlamentaria se han logrado eliminar algunas de las aberraciones más grandes de la versión última del proyecto masista. El segundo admite que no todo lo malo se ha corregido y que en el proyecto a ser considerado en el referéndum del próximo 25 de enero han quedado contradicciones que luego se arreglarán en el camino, en las leyes que deben reglamentar la nueva constitución.  

Estos argumentos, si fueran solo aislados y explicados por un par de ingenuos, podrían pasar sin que merezcan comentario alguno y, más bien, quedarían en el olvido como le corresponde a toda sandez. Pero resulta que no es así, sino que estos argumentos se exponen con toda solemnidad y se difunden y repiten a los cuatro vientos, pero lo que es peor, parecen convencer a la gente. Por eso, vale la pena detenerse a reflexionar sobre lo que en el fondo representan.

Por una parte, al admitir que ciertas aberraciones fueron eliminadas se hace una doble confesión: se reconoce que el texto “original” era aberrante (lo de original van entre comillas pues luego del periplo que siguió esta propuesta por Sucre, Oruro, La Paz y quién sabe qué otros lugares en los que se trató de ponerla a punto para la aprobación ciudadana, ya nada puede ser original y menos originario); pero inmediatamente se admite que todavía quedaron gazapos que no pudieron corregirse en aquella concertación. Que esta sea una razón suficiente para aprobar el proyecto, no deja de decir muy poco y muy mal de quiénes se contentan con ello. Que algo no sea malo no necesariamente lo hace bueno. Ahí tienen bastante materia para digerir nuestros pensadores, especialmente los originarios que deberían moverse cómodamente en su lógica trivalente.  

Sobre el segundo argumento, ese de que en el camino se arreglarán las cargas y que luego se corregirán los errores que quedaron en el tintero, no se puede culpar a nadie, menos al vulgo. Hacen falta conocimientos de letrado para saber que una Constitución es la Ley de Leyes, es decir la que está por encima de las demás; la que las ordena y a la que se someten todas las otras. Pero no deja de sorprender que un argumento así pase por el cernidor de cuanto sociólogo adorna hoy nuestras calles. Este argumento deja en evidencia que el texto constitucional no es ningún pacto social, como lo postularon algunos de sus maestros. Se trata entonces de una visión parcial de sociedad y Estado que seguramente no durará mucho. En eso no se equivocan los apóstoles de la aprobación virtual, pero sí engañan a quienes les escuchan y se engañan ellos mismos, pues condenan a todo un país a un desencuentro del que todos saldremos perjudicados, incluidos los impostores.

Pero nada de eso sería grave si no fuera que es verdad. Entonces, aun con el referéndum de por medio, deberemos admitir que somos todavía un proyecto. Un Estado inconcluso para no decir fallido, una democracia en borrador, para no decir en broma.

La Corte Nacional Electoral (CNE) ha hecho públicos los datos de la población habilitada para votar en el referéndum del 25 de enero próximo. Hace tiempo atrás el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a partir del censo de población y vivienda del 2001, ha proyectado hasta el 2010, año por año, el número de habitantes que tendrá Bolivia, en cada uno de sus departamentos.  El cuadro que sigue a continuación compara ambas cifras.

Resulta interesante constatar que si nos atuviéramos a los cálculos del INE la población mayor de 18 años y, por lo tanto, en condiciones de votar, sería de 5.8 millones. La CNE tiene registrados dos millones de personas menos.

Hay muchas razones que pueden explicar esa diferencia entre las que seguramente destacan el éxodo de bolivianos en busca de un mejor porvenir y el hecho de que no todos los ciudadanos en edad de votar se inscriben al padrón electoral. Pero es más interesante constatar que la diferencia mayor se da en los departamentos de la llamada media luna. En ellos, el padrón ha registrado apenas algo más de la mitad de los votantes potenciales. En cambio en La Paz, u Oruro, por mencionar dos bastiones del MAS, el padrón tiene una cobertura mayor al 75%. ¿Casualidad? ¿Obra del destino? El caso es que como resultado de las acciones del Estado, guiadas por razones políticas, tenemos un padrón electoral que no refleja la evolución demográfica de la población ni su distribución geográfica. Basta observar que, La Paz, uno de los departamentos con mayor emigración en el país, tiene una representación mayor en los datos de la CNE, mientras que con Santa Cruz, el departamento que ha recibido a toda la migración del altiplano, ocurre todo lo contrario. Inútil esperar una explicación razonable sobre este asunto, pero mejor que quede registrado como una curiosidad más de nuestra imperfecta democracia.

La pregunta para el referéndum del próximo 25 de enero contradice toda norma para preservar la imparcialidad o sesgo en  su formulación. En cualquier país menos complicado que Bolivia, habría bastado con preguntarle al “soberano” si está o no de acuerdo con el texto de Constitución Política del Estado divulgado por la Corte Nacional Electoral. Entonces, la ciudadanía podría votar por un SI o por un NO. La otra pregunta sobre la extensión del latifundio podría obviarse o quedar, da lo mismo, pues plantea de todas maneras la inviabilidad de la agricultura moderna en Bolivia, pero eso es harina de otro costal.

Pero vale la pena insistir en el examen de la pregunta de este referéndum, aclarando antes que eso de las preguntas sesgadas y cargadas no es invento del MAS. Ya Carlos Mesa recurrió a la artesanía interrogativa para el referéndum del gas, aunque toda la palabrería de ese referéndum no ha servido de nada, pues como han ido las cosas hasta ahora, el gobierno hace como si ese referéndum no hubiera existido y decide aun en evidente contradicción con sus resultados.

La idea de plantear el carácter de las preguntas en los referéndums tiene como único propósito despertar el deseo de que este asunto sea de interés de nuestros parlamentarios la próxima vez que se intente un nuevo referéndum, que probablemente será muy pronto si nos atenemos a los deseos del Presidente Evo.

Nada más para que quede registrado para cuando tengamos una mejor cultura democrática, habrá que insistir en que la manera más honesta de preguntar al pueblo es hacerlo en forma breve y sin inducir la respuesta. Preguntar, como se hará en el referéndum del 25 de enero, si la gente está de acuerdo con “… el proyecto de Constitución Política del Estado presentado por la Asamblea Constituyente, y ajustado por la Comisión especial de Concertación del H. Congreso Nacional, que incluye los consensos logrados en el diálogo entre el Gobierno Nacional con los Prefectos y Representantes Municipales sobre autonomías,…” además de ser sesgado, porque alude a conceptos como el de concertación y consenso entre partes fundamentales del Estado, sugiriendo una tácita aceptación de estas  instituciones de la República, es totalmente alejado de la verdad. Es sabido por todos que el proyecto de CPE elaborado en Sucre por unos cuantos y aprobado sin leer por los asambleístas del oficialismo, fue modificado en Oruro y posteriormente reescrito por un puñado de personas en La Paz. Pero además es de dominio público que el texto presentado al referéndum del 25 de enero tampoco es ése sino otro que fue redactado por una comisión que posteriormente se proclamó paralela y fantasma, y que aún ese texto de esa comisión fue nuevamente alterado por unos pocos para ser finalmente impreso y difundido por el Poder Ejecutivo. La pregunta hace también referencia inexacta a un acuerdo sobre autonomías que no ha existido, pues es también de dominio público que el diálogo entre el Gobierno, Prefectos y observadores internacionales solo logró el acuerdo de las partes para posar en una foto a la conclusión del encuentro y que los prefectos de los departamentos en los que la autonomía es de verdad reclamada por sus ciudadanos salieron en total desacuerdo con los planteamientos del Gobierno y ahora hacen campaña por el NO.